Fuente: Gonzalo D. Velarde.  www.abc.es Cepyme advierte del caldo de cultivo que amenaza al tejido productivo por la caída de liquidez Los juristas celebran la reforma de la Ley Concursal ante el fracaso de la anterior normativa que llevaba al 99% de los concursos a la liquidación La concurrencia de dos factores clave está comenzando a apuntalar una preocupante tendencia de incremento de los concursos de acreedores en España, sobre todo entre las pequeñas y medianas empresas, más sensibles a los desequilibrios económicos y más frágiles ante el impacto que tiene sobre sus balances. Por un lado el fin de la moratoria de los créditos ICO concedidos durante los meses más duros de la pandemia aceleró los concursos de acreedores en el tercer y cuarto trimestre del pasado año de forma exponencial. Según las últimas estimaciones publicadas por la patronal Cepyme, en el cuarto trimestre de 2022 los concursos de acreedores crecieron un 23,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Aunque moderó el desorbitado aumento de procesos destinados a sortear la quiebra de empresas en graves dificultades del 87,6% en el tercer trimestre del año. Del total de 5.544 concursos registrados en el cuarto trimestre de 2022, 4.407 lo fueron de personas físicas y 1.137 procesos fueron de empresas. Sin embargo, no parece que sea mejor el horizonte para el presente ejercicio. El nuevo incremento de costes laborales que ha certificado el Gobierno con el alza del SMI y de las bases máximas de cotización, y el incremento de los costes de producción que los históricos niveles de inflación han llevado a incrementarse un 24% en los últimos doce meses no dejan un panorama precisamente halagüeño. «Estamos pendientes de ver también qué procesos se están trasladando directamente a las notarías que suponen cierres directos», apuntan con cierta cautela sobre las cifras publicadas fuentes de la patronal consultadas por ABC. Por otro lado, el enfriamiento de la economía y la moderación de la actividad y el consumo tampoco auguran un mejora año para el desempeño del tejido productivo. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, señaló durante su intervención en la jornada de ayer sobre ‘Cómo afecta la reforma concursal a las pymes españolas’ que la presentación de concursos se mantendrá «elevada», dado el contexto actual marcado por el incremento «desmesurado» de costes y la elevada inflación. Los atajos de la nueva Ley Concursal En este punto, la reforma de la Ley Concursal incluye modificaciones en los mecanismos de reestructuración empresarial, el tratamiento de la deuda, procesos abreviados para las microempresas y herramientas para proceder a las enajenaciones de activos. Cuerva espera que se consiga el objetivo que finalmente se pretendía en la nueva redacción, aunque llama a la prudencia en «no decir si es buena o mala hasta tanto no se vea su efecto».

Fuente: Servimedia Los concursos de acreedores cayeron un 27,92% entre enero y febrero de este año hasta alcanzar los 679 concursos declarados, según los datos publicados este lunes por Axesor.  Los concursos de acreedores cayeron un 27,92% entre enero y febrero de este año hasta alcanzar los 679 concursos declarados, según los datos publicados este lunes por Axesor. La compañía detalló que el número de concursos de acreedores decreció en términos interanuales en España por primera vez desde mayo de 2022. Además, en términos mensuales, un total de 228 empresas tuvieron que presentar un concurso de acreedores en el mes de febrero. El comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos continúa siendo el sector con la mayor concursalidad con 52 procedimientos iniciados, menos de la mitad que los registrados en febrero de 2022. Le sigue construcción, con 36 expedientes concursales, y la industria manufacturera, con 23 concursos de acreedores registrados. A nivel regional, las comunidades que encabezaron el listado de comunidades con mayor número de concursos registrados en el mes de febrero fueron Valencia (55), Cataluña (43) y Andalucía (35). Entre las tres sumaron un 58,3% de todos los procedimientos concursales abiertos durante febrero de 2023. Por otro lado, Cantabria (-100%), Castilla-La Mancha (-87,50%), Canarias (-84,62%) y Madrid (-80.85%) fueron las comunidades en las que disminuyeron en mayor medida los procedimientos concursales abiertos respecto al mismo mes del año pasado. AUMENTAN LAS DISOLUCIONES Con respecto a las disoluciones, en febrero se registraron un total de 7.651, lo que supone un aumento del 5,71% respecto a febrero de 2022. Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos (1.261), construcción (1.069) y actividades inmobiliarias (752) fueron los sectores con mayor incidencia. Por regiones, Madrid fue de nuevo la comunidad donde más disoluciones se registraron con 2.063, un 29,91% más que en febrero de 2022. Cataluña se situó en la segunda posición del ranking con 947, registrando una bajada del 23,13% respecto a febrero del año anterior. En tercer lugar, se situó Andalucía con 892 extinciones de empresas, lo que se traduce en un descenso del 14,31% con respecto al mes del año anterior. CREACIÓN DE EMPRESAS Por otro lado, Axesor indicó que un total de 10.222 sociedades mercantiles se constituyeron en el mes de febrero, un 11,62% más que el mismo mes del año anterior. El comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos fue el sector que lideró el pódium con el mayor número de constituciones de empresas (1.892), seguido de construcción (1.477) y actividades profesionales, científicas y técnicas (1.107). La Comunidad de Madrid fue la región que lideró la constitución de empresas con 2.406 nuevas sociedades en el mes de febrero, un 8,62% más que en febrero de 2022. Le siguió Cataluña con 1.845 nuevas sociedades y creció un 12% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por último, Andalucía contó con 1.743 nuevas firmas, un 9,01% más que en febrero del año anterior. La constitución de empresas durante los dos primeros meses del año siguió una tendencia positiva en todas las comunidades salvo en Extremadura, que registró una caída del 3,13% si se compara con el mismo periodo del año anterior. Por último, el volumen de capital inicial suscrito por las empresas en lo que va de año experimentó un descenso del 0,60% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, en lo que va de año, se desembolsaron 914,94 millones de euros. Financieras y seguros (389 millones de euros), actividades inmobiliarias (199,9 millones de euros) y comercio al por mayor, al por menor y reparaciones de vehículos (64 millones de euros) lideraron el ranking.  

Fuente: www.diariodesevilla.es El deudor podrá además conservar su vehículo, según la decisión judicial    El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha cancelado todas las deudas pendientes de un funcionario, por importe total de 60.643,96 euros, permitiéndole además mantener su vehículo en propiedad. A partir de esta resolución, el funcionario puede comenzar de cero financieramente y solicitar la salida inmediata de todos los ficheros de morosos en los que esté incluido. Los abogados de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento se han encargado de llevar este caso exitosamente, logrando la sentencia en tan solo 10 meses, a través de un concurso breve que permite mantener su único bien a este deudor.  

Fuente: Rosalina Moreno. https://www.confilegal.es El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid la declara, por medio de un auto, extinguida, con carácter provisional, ya que está sujeto al plan de pagos presentado por el deudor  La Justicia ha concedido recientemente una de las mayores extinciones de deuda en España, en virtud de la Ley de Segunda Oportunidad: más de cinco millones (5.209.000 euros). A un farmacéutico de Valladolid que «gracias a esto, a sus 63 años, ha vuelto a nacer», declara a Confilegal su abogado. Ha sido el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valladolid. En un auto dictado por el magistrado-juez titular del Juzgado, Javier Escarda de la Justicia. El número 430/2022, de 16 de noviembre, que ha sido conocido ahora, y que ya es firme. El magistrado dictamina que en este caso se cumple el presupuesto subjetivo del artículo 487 del texto refundido de la Ley Concursal (TRLC), así como el presupuesto objetivo especial del artículo 493 TRLC.    

Fuente: Juan Ignacio Álvarez. https://www.eleconomista.es Entre 2020 y 2022 hasta 19.134 sociedades en España se han declarado en bancarrota El aumento de los costes laborales y la presión fiscal ha agudizado la crisis de algunos negocios Muchas empresas no van a concurso porque es caro y proceden al simple ‘cerrojazo’ España es el país de la Unión Europea donde más han crecido porcentualmente las declaraciones de bancarrota de empresas desde 2020, año en el que se declaró la pandemia por coronavirus. En concreto, el total de empresas que han manifestado entrar en quiebra ha crecido un 163%. En número, casi se han triplicado, pasando de 3.658 hace tres años a 9.606 al cierre del año pasado. Suman 19.134 negocios en los últimos tres años. A nuestro país le sigue, ya de lejos, Austria (+59%) más de declaraciones de bancarrota; Francia (+33%); Bélgica (+29%) y Finlandia (+25). En los otros siete países analizados, las declaraciones de bancarrota bajan: Italia (-5,6), y, de forma llamativa, Portugal (-28%) Polonia (-34%); Países Bajos (-33%) Eslovaquía (-35%) y Rumanía (-44%). En el caso de Alemania, la primera economía de la UE, faltan los datos de 2022, pero se aprecia una tendencia a la baja (-12%). «Nuestra situación con respecto a la europea, en lo que a quiebras empresariales se refiere, está totalmente determinada por la moratoria concursal que se declaró durante la pandemia, y que ha durado hasta dos años después, con una modificación entre medias muy relevante de la normativa; que ha sido la Ley Concursal», razona el economista Javier Santacruz.   Y subraya: «Esto no ha sucedido en otros países europeos, donde las empresas se crean y se destruyen con más velocidad y habiendo llegado antes a acuerdos entre acreedores y accionistas para no tener que llegar a los juzgados». Santacruz refiere que «otro factor importante es que en España el porcentaje de empresas que no terminan de quebrar una vez que inician su procedimiento concursal es muy bajo. Hay muy pocas posibilidades de sobrevivir en el momento en que se decide llevar a concurso una empresa». Sobre cuáles son la razones de la moratoria concursal en España y la nueva Ley Concursal, este experto sostiene que «el Gobierno no quería que se produjera una quiebra masiva de pymes y autónomos con motivo de la pandemia, así como en su recuperación posterior». Por tal motivo, precisa Santacruz, «la manera que se escogió fue establecer una moratoria sobre los concursos de acreedores, ya que en España la normativa tasa muy bien en qué situaciones es obligatorio ir al concurso de acreedores, o lo que antes se llamaba suspensión de pagos». En este sentido, concluye que «al establecer la moratoria se evitó una oleada de concursos y, en consecuencia, de quiebras. Y en el momento en el que se ha quitado [30 de junio de 2022] se ha disparado el volumen de quiebras. Aún así, el incremento será controlado durante 2023, porque hay una moratoria que continúa, que es la relativa a la contabilidad». Durante la pandemia por coronavirus, muchas empresas españolas, en su mayoría pymes, microempresas o autónomos, se vieron abocadas al concurso de acreedores por deudas con Hacienda o la Seguridad Social, por tener fondos propios negativos o patrimonio negativo, o entrar en causa de disolución, sin que hayan podido revertir su situación en la nueva normalidad. Vulnerabilidad El profesor de finanzas del CEF (Centro de Estudios Financieros), Juan Fernando Robles, tiene claro cuáles son los motivos por los que en España estamos teniendo más concursos de acreedores y cierres de empresas que otros países europeos a raíz de la pandemia. «En primer lugar, por la mayor cantidad de empresas españolas dedicadas al comercio minorista, la hostelería y el turismo, sectores muy golpeados por la pandemia«. «Además», precisa, «el tejido empresarial español se compone de muchas microempresas y pequeñas empresas de tamaño inferior al de los principales países de Europa, lo que las hace más vulnerables». En segundo lugar, Robles comenta que «también la inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación han hecho sus estragos, además de un nivel de endeudamiento adquirido durante la pandemia que ha terminado por pasar factura en algunas empresas». Asimismo, dice que «a todo esto hay que añadir una política económica que ha aumentado los costes laborales, como por ejemplo la subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), así como una presión fiscal creciente que tiene efectos contractivos, con lo que algunas empresas ha podido agudizar su crisis». Este analista financiero esgrime un tercer motivo: «Los fondos de la UE no están llegando a las pymes y no han contribuido a que esas empresas puedan mejorar su situación». Tendencia ascendente Miguel Romero, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas, advierte de que «en el caso de España están incluidos en las estadísticas de Eurostat los concursos de personas físicas, por eso salen más». Por ello, precisa que «mas que las cifras en números absolutos es más importante analizar la tendencia estadística: ascendente, descendente o estancamiento«. Romero refiere también que «debemos considerar que en España, tradicionalmente, el concurso de acreedores es bajo comparado con otros países, debido, entre otras razones, a una menor cultura y tradición concursal, si bien se va corrigiendo y mejorando, y a una mayor proliferación de la economía sumergida en nuestro país». Procedimiento caro Romero explica que «como el concurso de acreedores es un procedimiento caro y que tarda mucho tiempo, muchas empresas, y especialmente micropymes y autónomos proceden al simple ‘cerrojazo’ y no tramitan la insolvencia a través del procedimiento concursal reglado«. Cree que «una de las principales razones para el incremento concursal se debe al incremento de los concursos de acreedores a personas físicas y autónomos con 4.400 concursos para tratar de conseguir una segunda oportunidad«.

Fuente: SOL GALINDO. https://www.autonomosyemprendedor.es El Consejo Asesor del Registro de Economistas Forenses (REFOR) ha destacado el significativo aumento en el número de concursos de acreedores entre autónomos’. Se han incrementado en un 280,07% entre 2019 y 2022. El nuevo Consejo Asesor del Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas, los economistas han analizado las estadísticas concursales de 2022 comparándolas con las cifras pre covid. Desde el REFOR han destacado el significativo aumento en el número de concursos del bloque personas físicas más autónomos, que se incrementan de 2019 a 2022 un 280,07% (de 2.544 en 2019 a 9.669 en 2022), frente al incremento mucho menos acusado de los concursos de empresas, algo menos del 18% (de 4.055 en 2019 a 4.755 en 2022). Datos que sitúan a España como uno de los países con peores datos de la eurozona.  Este martes han tomado posesión de sus cargos los vocales del nuevo Consejo Directivo y el nuevo Consejo Asesor del Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado del Consejo General de Economistas en materia de insolvencias. El nuevo órgano rector del REFOR estará compuesto por el presidente, Miguel Romero –que venía siendo el vicepresidente en anteriores mandatos–, los vicepresidentes, Alejandro Latorre y Bárbara Pitarque y once vocales representantes de distintos Colegios de Economistas y Titulares Mercantiles, administradores concursales de reconocido prestigio. En el acto de toma de posesión, en el que también ha estado presente el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, los economistas forenses del REFOR han aprovechado para analizar los datos concursales de 2022 –hechos públicos recientemente por el Colegio de Registradores–, comparándolos con las cifras habidas en 2019, antes de la pandemia, y han expuesto una comparativa para ese mismo intervalo con diversos países de nuestro entorno. Ha abierto el acto el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, quien durante su intervención se ha referido al nuevo panorama que se presenta en el ámbito concursal como consecuencia de la tendencia alcista en el número de concursos y las aprobaciones reglamentarias que aún quedan pendientes en la reforma concursal. Así según ha manifestado, “los diferentes desarrollos reglamentarios concursales que se están preparando, como el Reglamento de la Administración Concursal o los formularios específicos para concursos de microempresas, hacen de este 2023 un año lleno de retos para los profesionales y para la ágil resolución de las insolvencias de nuestro país”. Durante la sesión también se ha expuesto una comparativa sobre la evolución concursal de 2019 a 2022, con diversos países de nuestro entorno (Alemania, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido). A la vista de los datos, los expertos del REFOR han puesto de manifiesto que, de todos estos países, España es el en el que más han aumentado los concursos de acreedores desde el año 2019 –pre covid– hasta 2022 –post covid–, un 53,09%, por debajo tan solo de Reino Unido donde han aumentado casi un 75% (74,92%). No obstante, según han apuntado, en términos absolutos, España muestra en 2022 un número de concursos de empresas muy inferior al resto de países analizados –5.248, frente a los 42.500 de Francia o los 14.700 de Alemania–. Tan solo Portugal, con 2.202, muestra un número de concursos inferior al nuestro.  Asimismo, de los países analizados, en 2022, (con respecto a 2021), la mayoría han experimentado crecimientos concursales, aunque con distinta intensidad: España un 11,33%, Francia casi un 50%; Reino Unido un 57% y Alemania un 2,8%. Disminuyen en Italia, un 30% y en Portugal, un 38%.  Otro asunto que se ha puesto de manifiesto durante el acto de toma de posesión ha sido el relativo al hecho de que tras la reciente aprobación de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC), ya se hayan incluido dos nuevas reformas al texto: por una parte, en el Proyecto de Ley del Servicio Público de Justicia (en el que se modifican 6 artículos del TRLC) y por otro lado, en el Anteproyecto de Ley de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (que modifica 4 artículos del TRLC). Asimismo, en esta nueva propuesta de reforma concursal 2023 se propone reducir el plazo para mantener la unidad productiva de 3 años a 2 años (artículo 224 bis del TRLC) para incentivar las ventas de unidades productivas, lo que consideran acertado desde el REFOR. Por su parte, el nuevo presidente del REFOR, Miguel Romero, se ha referido durante su intervención a la propuesta de Directiva de Insolvencia de diciembre 2022, que podría aprobarse hacia mayo 2023 y que, según ha manifestado “destaca por una mayor inclusión de la exención del crédito público (artículo 56) para microempresas y emprendedores, y una regulación más detallada para ambos casos, así como mayor impulso y desarrollo del denominado pre-pack concursal para la preparación de la venta de unidad productiva del deudor en insolvencia durante la fase pre-concursal”. “Tanto los proyectos legislativos que se están preparando como la propia trasposición de la Directiva van a traer cambios en la Ley concursal, por lo que habrá que estar muy pendientes”, ha concluido Romero. Análisis del aumento de concurso de acreedores según los economistas Entre las principales conclusiones de los datos analizados por los economistas están:  El número de concursos de acreedores en España en 2022 de personas físicas más autónomos supera los 9.660, el doble que los de sociedades que fueron 4.755.  En 2019 (año precovid) la tendencia era la contraria: el número de concursos de acreedores de sociedades (4.055) era casi un 60% superior al de personas físicas más autónomos (2.544). De 2019 a 2022 el aumento de concursos de empresas no es elevado (el 17%) mientras que el de personas físicas y autónomos es muy alto (280%). España es el país en el que más han aumentado los concursos de acreedores desde el año 2019 –pre covid– hasta 2022 –post covid–, un 53,09%, por debajo tan solo de Reino Unido donde han aumentado casi un 75% (74,92%). En términos absolutos, España muestra en 2022 un número de concursos de empresas muy inferior al resto de países analizados –5.248, frente a los 42.500 de Francia o los 14.700 de Alemania–. Tan solo

Fuente: https://www.elperiodicodecanarias.es/ El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad demanda también avances en organización y mejoras en la eficiencia con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valorDestaca que el Gobierno de Canarias ha respondido a la obligación de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil con la creación de dos nuevos juzgados, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria, ambos con plantilla completaResalta, igualmente, que se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos a disposición de la Administración de Justicia para que pueda hacer frente a cargas de trabajo superiores y mantener las altas tasas de resolución El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado, recientemente, que, si bien el incremento en la dotación de recursos es importante, de nada sirve si no están bien administrados. Por ello, ha apuntado que un aumento de los medios humanos y materiales debe venir acompañado de los necesarios avances en organización y mejora de la eficiencia, con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor, siendo este un reto que tanto la Administración Pública como la sociedad deben asumir como prioritario.   Las palabras de Julio Pérez han sido pronunciadas con motivo de la inauguración del Congreso Nacional ‘Reestructuración y Reforma Concursal: un primer examen seis meses después’, celebrado en el Colegio de Abogados de Las Palmas. Un evento organizado, además de por esta entidad, por los colegios oficiales de Economistas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como por el Aula de Formación del Colegio de Abogados de Las Palmas, y dirigido a profesionales con el fin de analizar el impacto de las reformas llevadas a cabo en la Ley Concursal.   Durante su intervención, el consejero destacó la evolución de la legislación en este ámbito y los importantes cambios producidos en la forma en que la sociedad y las instituciones públicas abordan los procesos de insolvencia, introduciéndose mecanismos tan necesarios como la segunda oportunidad o los procedimientos especiales para personas físicas. Como responsable del área de Justicia en el Gobierno de Canarias, ha destacado la obligación de su departamento de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil, que, como toda la justicia en las islas, aborda cargas de trabajo superiores a las que serían adecuadas y que, sin embargo, mantiene una alta tasa de resolución.   En este sentido, ha dicho que a este compromiso se ha respondido creando en los últimos años dos nuevos juzgados –Mercantil 2, en Santa Cruz de Tenerife, y Mercantil 3, en Las Palmas de Gran Canaria–, dotados de plantilla completa, y se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos al servicio de la Administración de Justicia.   Junto a Julio Pérez, también han participado en la inauguración el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho; el vicedecano del Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Jorge Zurita; y el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas Luis Calonge. Entre los asistentes se encontraba la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo.   A lo largo de las dos jornadas en las que se ha desarrollado el Congreso, se han abordado, mediante distintas mesas, diferentes materias. Entre ellas, “Estatuto Jurídico de los agentes intervinientes en el concurso de acreedores. Administración Concursal. Retribución y otras cuestiones discutidas. Otros agentes: principales novedades”; “El Concurso de Persona Natural. El Epi: La buena fe y procedimiento. El crédito público en el Epi. Cuestiones prejudiciales. El tratamiento de la vivienda habitual”; “Procedimiento especial de microempresa: ámbito objetivo y subjetivo. Especialidades procedimentales. Comunicación de negociaciones. Apertura del procedimiento especial. Procedimiento de liquidación”; y “Procedimiento especial de Microempresa (2): procedimiento de continuación: cuestiones. Nombramiento de administrador concursal. Calificación abreviada”.   Además, los participantes han tenido la oportunidad de abordar otros asuntos como “Cuestiones procesales. Principales novedades. Principio de agilidad y eficiencia: reglas de liquidación. El incidente concursal”; “Planes de reestructuración: ámbito objetivo. Extensión. Reglas de cómputo. Efectos. Formación de clases”; y “Planes de reestructuración (2): aprobación y homologación de los planes de reestructuración. Protección de la financiación. Incumplimiento. El experto de la reestructuración. La contratación publica en los supuestos de reestructuración y de concurso de acreedores”.

Fuente: DANIEL GHAMLOUCHE. Autonomosyemprendedor.es   Según el último Informe del Colegio de Registradores el número de concursos de acreedores presentados por autónomos creció un 134% en el último trimestre de 2022. Así es el perfil de los trabajadores por cuenta propia que iniciaron uno de estos procedimientos.  A finales de 2022 se disparó el número de negocios que se vieron obligados a solicitar un concurso de acreedores debido a su endeudamiento. Según las últimas estadísticas publicadas recientemente por el Colegio de Registradores, durante el cuarto trimestre, el total de deudores concursados aumentó más del 86% respecto al año anterior. Las cifras son todavía más preocupantes si se observa la evolución de los concursos presentados por autónomos: en los últimos tres meses del año hubo un 134% más de trabajadores por cuenta propia que iniciaron un concurso.  Según las cifras publicadas por el Colegio de Registrados, en el cuarto trimestre de 2022 el número de deudores concursados aumentó del 78,4% respecto al trimestre anterior. En el informe, los registradores detallan las características de los concursos iniciados por empresas y por autónomos. Según este documento, la mayoría de concursos que se hicieron en 2022 fueron de personas físicas, del sector del comercio con entre cero y seis asalariados y con un volumen de facturación anual inferior a 250.000 euros.  Es decir, según este estudio, el perfil de deudor concursado el año pasado sería un comerciante sin empleados a cargo y al frente de una actividad con menos de ocho años de antigüedad. Además, la mayoría de estas personas eran de Cataluña o la Comunidad de Madrid.  Perfil de los autónomos que iniciaron un concurso en 2022: sector, antigüedad del negocio o CCAA  Según los datos publicados por el Colegio de Registradores, del total de 5.544 concursos que se registraron en el cuarto trimestre de 2022, 4.407 fueron de autónomos persona física; 1.042 de empresas constituidas como Sociedad Limitada; 79 de Sociedad Anónima y 16 de otras formas jurídicas.  Esto supone, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, un incremento trimestral del 162,9% y un aumento anual del 134%.   Además, según las cifras de los registradores, la mayoría de estos concursos fueron voluntarios (4.148), es decir, que fueron los propios deudores quienes iniciaron el concurso. En cuanto a la clase de procedimiento, la mayoría fueron exprés -3.243-, que es un tipo de procedimiento más rápido, y que suele darse en casos críticos de insolvencia absoluta.  La mayoría de los autónomos que iniciaron un concurso son del comercio y sin asalariados  En cuanto al sector y número de empleados que tenían los negocios que iniciaron el concurso, como se puede apreciar en el cuadro a continuación, el 23,8% de las empresas concursadas tenían como actividad económica principal el Comercio, el 14,6% la Construcción, y el 12,2% la Industria manufacturera. Además, el 53,6% del total de empresas concursadas tiene menos de seis trabajadores a su cargo. Y, entre éstas, el 46% no tiene asalariados.   Casi la mitad de los negocios que presentaron un concurso no habían cumplido ocho años  Otro de los datos más relevantes del estudio de los registradores es que casi la mitad de los negocios que presentaron un concurso llevaban ocho años o menos en marcha. El 21,8% del total de empresas concursadas en el cuarto trimestre tenía una antigüedad de 20 o más años. Sin embargo,, el 48,1% tiene ocho o menos años de antigüedad.   Como se puede ver en la tabla a continuación, si se observa la antigüedad por sectores, en el Comercio, el 23,2% de los negocios que presentaron concurso tenían 20 años o más y el 46,9% ocho o menos. Por su parte, en Actividades profesionales, el 51,6% de las concursadas tenía ocho o menos años   Un 56% de los concursos se presentaron en Cataluña, Madrid o Comunidad Valenciana  Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el cuarto trimestre de 2022 son Cataluña (1.358), Comunidad de Madrid (1.000) y Comunidad Valenciana (744), concentrando entre las tres el 56% del total de deudores concursados. Por su lado, Navarra es la única comunidad autónoma que registra un decremento anual en el cuarto trimestre (19,4%); y Murcia, La Rioja, Extremadura y Cantabria los mayores incrementos (322,2%, 300,0%, 260,9% y 260,0% respectivamente).

Fuente: empresaactual.com En el mes de enero de 2023 se han registrado 609 concursos y 84 planes de reestructuración en España, según el Estudio sobre Procedimientos concursales realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de Cesce), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. El incremento en el número de concursos respecto al mismo mes el año anterior es del 42%, y son un 7% más que en diciembre, mientras que los planes de reestructuración son una nueva figura. La trasposición de la Directiva europea 2019/1023 de reestructuración e insolvencia ha supuesto un profundo cambio del sistema concursal español donde se han introducido, mediante la reforma de la Ley Concursal que entró en vigor en septiembre de 2022, dos nuevos procedimientos: uno especial para microempresas, que no se ha utilizado en enero, y los planes de reestructuración. Las microempresas siguen representando la mayor parte de los concursos iniciados, el 91%, las pequeñas suponen cerca del 7%, las medianas algo más del 1% y solo 4 grandes han declarado concurso este mes. Sin embargo, las grandes empresas tienen un peso significativo entre los planes de reestructuración abiertos en enero, del 38%, aunque están por debajo de las microempresas, que superan el 45%. Las pequeñas representan el 13% y las medianas no llegan al 4%. Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B comenta que: “Teniendo en cuenta todos los procedimientos concursales contabilizados en enero de este año, concursos y planes de reestructuración, suman 693, lo que supone un incremento del 61% sobre los concursos que se iniciaron en enero de 2022”.  La entrada en vigor de la reforma concursal también ha supuesto la disminución de los concursos exprés a partir de septiembre del pasado año. Durante los ocho primeros meses del 2022 no bajó del 65,5%, pero en diciembre era del 17% y en este primer mes del año no llega al 15%. Facturación de las empresas afectadas Las empresas inmersas en procesos de reestructuración en enero suman una facturación de casi 4.000 millones de euros, frente a los 1.150 de las concursadas. Esta diferencia se explica, a pesar de ser un número muy inferior, por la mayor proporción de empresas de gran tamaño entre las que han optado por la reestructuración, 32 frente a 4. Las cinco empresas con más ventas en concurso en enero han sido: Buran Operadora SLU (703 millones de euros), Eurofinsa SA (37 millones de euros), Placar Diversa SL (22 millones de euros), Avalon Tecnologías de la Información SL (19 millones de euros) y Uniproca SC (19 millones de euros). Y en el caso de los planes de reestructuración: Compañía Española de Laminación SL (1.332 millones de euros), Global Steel Wire SA (455 millones de euros), Nervacero SA (388 millones de euros), Celsa Atlantic SL (354 millones de euros) y Ferimet SL (280 millones de euros). Comercio lidera los datos de concursos y Servicios empresariales concentra más planes de reestructuración  A pesar de tener más procesos disponibles, los concursos en enero crecen en la mayoría de los sectores respecto al mismo mes en 2022. Solamente Industrias extractivas y Administración se quedan en cero. Comercio acumula el mayor número este mes, con 132, seguido por Construcción y actividades inmobiliarias, con 119, que es el que más crece en valor absoluto, suma 51. Los planes de reestructuración se concentran en Servicios empresariales, 20, Industria, 18, Comercio, 14 y Construcción y actividades inmobiliarias, 10. Contabilizando ambos tipos de procesos (concursos y planes de reestructuración) el incremento respecto a los concursos iniciados en enero de 2022 afecta a todos los sectores menos a la Administración, que no registra ninguno. Construcción y actividades inmobiliarias es el que añade un mayor número, 61, siendo el segundo que más acumula, 129, un crecimiento del 90%. Por delante, Comercio, con 146, un 28% más. El tercero es Industria, con 89, un avance del 39%. Cataluña es la comunidad con más concursos y planes de reestructuración Cataluña encabeza tanto los datos de concursos como de procesos de reestructuración en enero, con 177 y 24 en cada caso. Tras ella Madrid, con 146 concursos y 17 planes de reestructuración. Entre las dos suponen cerca del 53% de todos los concursos contabilizados este mes. Los concursos respecto al año pasado solo descienden en Cantabria (-67%) y Valencia (-8%). Navarra, Melilla y Extremadura se quedan igual que el año pasado, con 7, 1 y 4 concursos cada una.  Si contabilizados el total de procesos en enero (concursos más planes de reestructuración), las cifras aumentan en todas las autonomías, salvo Melilla, Navarra y Extremadura que mantienen los mismos, siendo Madrid, que añade 72, y Cataluña, que suma 81, las que más crecen en valor absoluto.

Fuente: DIEGO S. ADELANTADO. autonomosyemprendedor.es Los autónomos y microempresas que accedan a un procedimiento concursal especial tienen un plazo de 72 horas para informar a la Seguridad Social y Hacienda. De lo contrario, no tendrán derecho a exonerar sus deudas públicas, según el procedimiento que acaba de publicar. Los autónomos y microempresas que no informen a Hacienda y a la Seguridad Social sobre la apertura de un procedimiento concursal especial en un plazo de 72 horas podrían perder el derecho a la exoneración de sus deudas públicas. Así lo ha recordado la Seguridad Social, que ha publicado en su web el procedimiento para realizar esta comunicación y la documentación necesaria para su validez. Así, los trabajadores por cuenta propia y las microempresas –aquellas con menos de diez empleados y una facturación inferior a los dos millones de euros- que hayan solicitado la apertura de un procedimiento especial de continuación -el creado para los negocios más pequeños en la reforma de la Ley Concursal- deben recordar la obligación de informar a la Seguridad Social y a Hacienda durante las 72 horas posteriores a la solicitud, siempre y cuando el autónomo mantenga algún tipo de deuda con los entes públicos. En caso de no comunicarlo –o no hacerlo por los canales establecidos-, los autónomos y microempresas podrían perder el derecho a las quitas y esperas que resulten del procedimiento especial de continuación. Se trata de una cuestión de especial importancia, teniendo en cuenta que, tras la reforma de la Ley Concursal, estas exoneraciones podrían ascender a 20.000 euros (10.000 euros para Hacienda y otros 10.000 para la Seguridad Social). ¿Cómo deben los autónomos informar a la Seguridad Social y a Hacienda de la apertura de un procedimiento concursal especial? A la Seguridad Social Los autónomos y microempresas que mantengan deudas con la Seguridad Social en el momento de solicitar la apertura de un procedimiento concursal especial, deberán comunicarlo en un plazo de 72 horas desde el momento de la solicitud. Para ello, la Seguridad Social ha habilitado un servicio en su web a través del cual los trabajadores por cuenta propia deben hacer constar que la Tesorería General tiene condición de acreedora sobre el negocio. Tal y como han explicado desde el ente público, el procedimiento para realizarlo es el siguiente: Haber solicitado, no antes de las 72 horas anteriores, la apertura de un procedimiento especial de continuación mediante la presentación del correspondiente formulario normalizado. Acceder al servicio electrónico habilitado por la Seguridad Social. Adjuntar la documentación requerida, que no debe superar los 10 megabytes de tamaño. Firmar la comunicación de registro electrónico. Si se ha realizado el trámite correctamente, el autónomo recibirá un acuse de recibo en formato zip, con el resguardo de la solicitud en formato PDF y la firma del servidor que garantiza su validez. “Si no recibe el mensaje de confirmación o, en su caso, recibe un mensaje de error o deficiencia de la transmisión deberá realizarse la presentación en otro momento o utilizar otros medios”, explicaron desde la Seguridad Social. Para poder acceder al trámite, los autónomos y microempresas pueden hacerlo por su cuenta o a través de un apoderado inscrito o un representante. En cualquier caso, deberán hacerlo a través del sistema de identificación Cl@ve Permanente o mediante el DNI o certificado electrónico. A la Agencia TributariaDe la misma manera, la sede electrónica de la Agencia Tributaria tiene disponible un procedimiento para que los autónomos y microempresas que se vean obligados a la apertura de un procedimiento especial de continuación puedan comunicar a Hacienda su situación de acreedora. Así, los trabajadores por cuenta propia pueden acceder a éste a través del DNI o certificado electrónico o el sistema Clave Pin y rellenar el formulario requerido por la AEAT. ¿Cómo deben tramitar los autónomos y microempresas la solicitud de apertura de un procedimiento especial concursal? Desde el pasado 9 de enero, los autónomos y microempresas pueden utilizar la nueva plataforma concursal específica para sus negocios, a través de la cual pueden comunicarse directamente con los juzgados mercantiles en los casos en los que necesiten acudir a un concurso de acreedores. Esta herramienta pretende servir para agilizar los trámites en los procedimientos abiertos por los negocios más pequeños, y que más suelen sufrir la dilatación de los plazos en estas situaciones. Así, los autónomos y microempresas deben comunicarse con los juzgados y el Registro Mercantil a través de estos formularios electrónicos oficiales, que se encuentran disponibles en el portal del Ministerio de Justicia. “Ello permite recibir la información en tiempo real, garantizándose así una información completa, ofreciendo un servicio electrónico mediante el que poder cumplimentar y enviar la información necesaria en cada fase del procedimiento especial”, recalcó, en este sentido, el BOE. Por otro lado, a través de la nueva plataforma concursal para pequeños negocios, los autónomos y sus representantes podrán, además de remitir directamente los formularios pertinentes, consultar en tiempo real la información de cada procedimiento, así como cualquiera de las “interacciones realizadas a través de este servicio.” Los concursos de acreedores se multiplican entre los autónomos y los pequeños negocios La obligatoriedad de comunicar a Hacienda y la Seguridad Social su condición de acreedores por parte de los autónomos y microempresas que soliciten la apertura de un procedimiento especial es una cuestión de especial relevancia, teniendo en cuenta que el 73% de los concursos afectan a estos negocios. Así lo puso de manifiesto el Atlas Concursal 2022, elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas (CGE). Además, las cifras muestran un crecimiento continuado de estos procesos durante los últimos años, que adelantan un 2023 en la misma línea, teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley Concursal el pasado 1 de enero. En este sentido, un reciente informe del Colegio de Registradores de España mostró como el total de deudores concursados aumentó más del 86% interanual durante el cuarto trimestre del año pasado. En el caso de las personas físicas, donde se encuentran muchos autónomos, esta proporción se